La economía sumergida que genera el sector de las reformas no saldrá a la luz únicamente rebajando el IVA al 8% -la reforma conocida como “el IVA del fontanero”, y que el PP pide que se tramite con urgencia- para los sectores de albañilería, fontanería, carpintería y otros profesionales del ramo.

Que aflore requiere medidas más directas. Según la Asociación de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), un sector acostumbrado a las ‘facturas B’ necesita un plan de choque para salir de coma. La pregunta que surge es: ¿Serán capaces de acabar con la mezcla entre “pillería” y dinero negro tan arraigada en la cultura de nuestro país?

Sebastian es un albañil rumano que recaló en Coslada (Madrid) en 2003 y se gastó todo lo que había ganado como número dos en ventas de ING en su país de origen. “Un día llegó un hombre y me preguntó si sabía poner el pladur. Yo no tenía ni idea, pero empecé a trabajar como peón”.

Tras diversos cambios de trabajo, todos relacionados con el sector, Sebastian montó su propia empresa de albañilería. “La ley me dejó constituirla pero no ponerla en marcha, después de pagar todo lo que debía para ponerla en marcha, ya que no se me permitía trabajar por cuenta ajena”, comenta. Entretanto, y estando dado de alta como autónomo pero con pocas posibilidades de pagar la cuota, un amigo le pidió si le podía hacer un ‘trabajillo’, y así empezó el boca a boca con el que muchos albañiles, entre otros, se hacen su sitio en el mundo de las reformas que ejerce su actividad a espaldas de la Administración.

Y precisamente con eso es con lo que quiere acabar Andimac, cuyo presidente Antonio Ballester llevó la semana pasada a la Comisión de Vivienda del Congreso una propuesta que busca erradicar una economía sumergida cuyo volumen, según la propia asociación, asciende a más de 4.000 millones de euros y moviliza cerca de 400.000 empleos invisibles, al tiempo que intenta fomentar la reforma de viviendas en España.

“Planteamos que el gobierno subvencione el 20% del coste de la obra (sobre facturas) hasta 4.500 euros. Gran parte de ese dinero lo recuperaría más tarde con el IVA, además de que conseguiría aumentar la recaudación por otros impuestos como el IRPF, y disminuiría el coste de los subsidios por la actividad generada”, afirma Ballester.
Un problema de todos

Desde los productores hasta los consumidores, pasando por los intermediarios, son muchas las personas que trabajan en ‘negro’. Asfixiados por las deudas y sin trabajo, muchos empleados de la construcción se mueven entre la fina línea que separa la seguridad laboral que supone el estar amparo de la ley y un plus de dinero que necesitan para sobrevivir.

Sebastian cree que muchas personas como él prefieren trabajar como ilegales. “Si se endeudan con el Estado, ya lo pagarán. Y si se van a la cárcel, al menos ha sido por trabajar. Por otro lado, he conocido a muchos que han intentado hacerse legales incluso para cobrar menos, pero no han podido. Algo falla”.

En otros casos, Sebastian asegura que gente legalizada se aprovecha para firmar las facturas y encargarle la obra a otro, y así ni pasan por la obra pero se llevan el IVA. Antonio Ballester va más allá: “Algunas empresas legales fuerzan la compra de materiales sin IVA, y luego deciden si cobrarlo o no cobrarlo al usuario final. Esto es competencia desleal porque trabajan un 16% más barato”. De manera similar actúan a veces administradores, porteros… Y tampoco se libran los consumidores: “He hecho ‘chapuzas’ para una persona que se gastó un millón de euros en coches en tan sólo un mes. ¿Tú crees que por dinero?”, afirma Sebastian.

Parece complicado acabar con esta tradición tan instaurada en nuestro país. Pero Antonio Ballester sentencia: “Con nuestra propuesta, obviamente el consumidor que paga sus reformas de forma legal se beneficiaría, y el que opte por la ilegalidad se vería perjudicado, porque aunque se ahorrase un 16%, dejaría de ingresar un 20% de la subvención. Con la desgravación en el IRPF propuesta por el Gobierno, el consumidor no tiene la sensación de estar ahorrando. Se necesita una forma clara y directa para aflorar mucha economía sumergida, mediante subvenciones directas al consumidor”.