La parálisis del sector durante los dos meses que está previsto que se alargue el estado de alarma provocará unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros en el ámbito de reforma y rehabilitación, según las estimaciones de Andimac.

Este segmento representa el 75% del valor de los materiales en edificación residencial (construcción nueva más reforma de edificios y viviendas) y más del 40% del sector en general.

Si bien es responsabilidad de todos luchar contra la crisis sanitaria, corresponde a la Administración velar por la Ley de Morosidad, «cuyo incumplimiento implica una necesidad de liquidez para el sector de unos 7.000 millones de euros», afirma el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero.

En este sentido, el cierre de actividad junto a los impagos de buena parte del material suministrado durante los últimos 90 días suponen cinco meses de pérdida de liquidez. Molinero advierte de que miles de empresas «no podrán soportarlo debido fundamentalmente a su pequeño tamaño».

También ha señalado que la caída de actividad en la construcción entre marzo y mayo rondará el 80% y cree que el mercado de la reforma será el segmento más afectado mientras dure el confinamiento.

Andimac ha lamentado que la cuantía de los avales aprobados por el Gobierno y que se han empezado a solicitar hoy son «insuficientes» para facilitar la liquidez de las empresas, «sobre todo teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad».

Por ello, propone implementar procedimientos para garantizar los contratos suscritos y debidamente ejecutados y no cobrados por saltarse la Ley, así como habilitar líneas de liquidez que permitan adelantar el cobro de los compromisos comerciales formulados y satisfechos.

Por otro lado, insta a crear un fondo de garantía de documentación comercial para asumir los compromisos de pago que exceden la Ley de Morosidad a 15 de marzo y dentro de los vencimientos acordados por las partes en sus contratos comerciales.

El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha afirmado que «hay que generar mecanismos de financiación europeos que salvaguarden las constantes vitales de pequeñas empresas y autónomos saneados y solventes».

«En España, más de 350.000 trabajadores son autónomos de la construcción y la reforma», ha recordado, tras apuntar que «la construcción debe ser el principal motor para el arranque de la recuperación económica de España».