En los últimos días, hemos asistido a una serie de declaraciones por parte de algunos actores políticos e, incluso, de miembros del Gobierno, que vienen a cuestionar el papel del empresariado con una agresión directa a la que se ha llegado a poner nombre propio.
Cada uno de estos ataques se extiende contra toda la iniciativa privada. Contra trabajadores autónomos, comerciantes y agricultores, pequeñas y medianas empresas y, también, grandes empresas. Todos ellos forman parte del tejido empresarial y ejercen legítimamente su actividad desde la libertad de empresa que la Constitución española les reconoce.
Queremos recordar que esa Constitución, en su artículo 38, ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y exige a los poderes públicos necesaria garantía y protección en su ejercicio. Es incompatible el desconocimiento de estos mínimos principios con el ejercicio de un cargo en un poder del Estado.
Es en estos momentos complicados, que también sufren las empresas españolas, cuando los responsables políticos deben ser capaces de dar respuesta a las enormes dificultades que atraviesan los ciudadanos, pero no con consignas sino con reformas. Y no con ataques a los empresarios que afectan a la convivencia, a la estabilidad del país y la confianza, sino con llamamientos al acuerdo.
Así pues, CEOE condena y lamenta profundamente la injusta estrategia de desprestigio y descalificación que están sufriendo las empresarias y empresarios españoles, curiosamente intensificada en este inicio de año electoral.
La Confederación, en representación de todo el empresariado español –autónomos, pequeñas y medianas y grandes empresas-, seguirá insistiendo en que es un grave error dirigir la atención de la opinión pública hacia los empresarios, culpabilizándoles de determinados problemas económicos, en lo que consideramos es una estrategia peligrosísima de claro corte populista.
En su lugar, los empresarios españoles, y estamos seguros de que la sociedad en general, echamos en falta que determinadas fuerzas dentro del Gobierno se comprometan con la gestión de los problemas más importantes que arrastra la economía española y centren sus esfuerzos, como hacemos las empresas, en prepararla para un paradigma futuro en el que hará falta más formación, más innovación y más empleo.
Como hemos defendido siempre, las empresas son el motor de la economía, las generadoras de actividad, de empleo y, de este modo, de recursos para el sector público, que este después gestiona y distribuye en busca del bien general.
Las empresas están detrás de ocho de cada diez empleos y han dedicado todos sus esfuerzos a mantenerlos durante la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Ahora, con la guerra de Ucrania, cuando se han disparado sus costes al tiempo que subía la inflación, que también están sufriendo las empresas, están haciendo un esfuerzo por no repercutirlos en su totalidad en los precios finales, mientras el mercado laboral se sostiene, a la vista de los últimos indicadores publicados.
Hay que tener en cuenta, además, que para sostener esta contribución y para aumentarla en beneficio de todos es preciso que las empresas sean competitivas. Posicionarse en contra y no junto a las empresas y adoptar decisiones que suponen obstáculos a su desarrollo es ir en contra de esa dinámica económica, de la recuperación, del empleo y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos.
Todo esto nos lleva a recalcar, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que los empresarios españoles merecen un respeto, lejos de las difamaciones a las que estamos asistiendo.
Una vez más, tendemos nuestra mano para dejar a un lado la crispación, que algunos parece que están buscando, y afrontar el momento actual desde la moderación y el espíritu constructivo. Es lo que esperamos las empresas españolas y todos los ciudadanos en favor de la convivencia.
En definitiva, nos sentimos orgullosos y defenderemos siempre la labor de los empresarios y empresarias de este país